El Parque de Artes y Oficios en la Mira: ¿Rencilla Política o Millones en Juego? El Debate que Desnudó al Concejo de Bello
La Comisión de la Discordia y la Pregunta que Nadie
Quiso Responder
El pasado
11 de julio de 2025, el Concejo de Bello fue escenario de una sesión que reveló
más sobre las dinámicas de poder local que sobre el destino de los recursos
públicos. En el centro del debate: la socialización del primer informe de la
Comisión Accidental sobre el Parque de Artes y Oficios (PAO), un proyecto que
involucra más de 80,000 millones de pesos de recursos públicos.
El
concejal Víctor Hugo Galvis presentó hallazgos que deberían haber encendido
todas las alarmas: pagos por obras no ejecutadas como el espiralí y las gradas
retráctiles, justificaciones de avance de obra basadas en renders digitales en
lugar de fotografías reales, y un historial problemático del contratista IDC
Inversiones. La denuncia no era menor: se hablaba de la posibilidad de un
detrimento patrimonial superior a los 55,000 millones de pesos.
Sin
embargo, lo que siguió no fue una investigación rigurosa de estos graves
señalamientos, sino algo completamente diferente. Una parte significativa del
Concejo, aliada a la administración municipal, optó por una estrategia que
desplazó el foco de atención: en lugar de abordar el fondo de las denuncias, se
atacó la forma del informe y las motivaciones del denunciante.
La
pregunta que emerge es incómoda pero necesaria: ante la posibilidad de un
detrimento patrimonial millonario, ¿por qué la prioridad de algunos concejales
fue cuestionar el procedimiento en lugar de investigar el fondo del asunto?
Análisis de las Tácticas: El Manual para
"Matar al Mensajero"
La sesión
del 11 de julio se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las dinámicas
políticas pueden utilizarse para desviar la atención de asuntos incómodos. Las
tácticas desplegadas siguieron un patrón reconocible que vale la pena analizar
para que la ciudadanía pueda identificarlas en el futuro.
Táctica 1: La Forma sobre el Fondo
Concejales
como Laura Bedoya, Jaime Llano y Duván Bedoya centraron sus intervenciones en
cuestionar que el informe fuera "unipersonal" y que no se hubiera
seguido el procedimiento formal de convocar a todos los miembros de la
comisión. Esta estrategia, aparentemente técnica, cumplía un propósito político
claro: restar validez institucional al informe sin tener que refutar los datos
presentados.
Es más
fácil atacar la forma que contradecir cifras. Cuando un documento revela
posibles irregularidades por decenas de miles de millones de pesos, cuestionar
si se siguió el protocolo correcto para su presentación es una forma de evadir
la responsabilidad de responder a las denuncias sustantivas.
Táctica 2: "No Somos Jueces"
La
insistencia en que el Concejo "no es un ente de control" fiscal o
disciplinario fue otra línea de defensa recurrente. Si bien es cierto que el
Concejo no tiene facultades sancionatorias directas, esta argumentación omite
deliberadamente una función constitucional fundamental: el control político.
El
control político no requiere ser juez para ser efectivo. Implica la capacidad
de investigar, indagar, cuestionar y denunciar públicamente el manejo de los
recursos públicos. Esta táctica busca neutralizar la capacidad de fiscalización
del propio Concejo, sugiriendo que su rol se limita a aprobar o rechazar
proyectos, pero no a investigar su ejecución.
Táctica 3: Cuestionar la Motivación
La
estrategia más directa fue el ataque personal. Las acusaciones de
"rencilla política" (Jaime Llano), "sede de protagonismo
político" (Duvan Bedoya) y "molestar político" (Daniel Villa)
dirigidas al concejal denunciante representan una falacia clásica: el argumento
ad hominem.
Al atacar
las motivaciones personales del denunciante, se evita la incómoda tarea de
explicar por qué se pagaron obras que no se ejecutaron o por qué se aceptaron
renders como evidencia de avance de obra. Es la versión política del "matar
al mensajero": si se deslegitima al portador del mensaje, se espera que el
mensaje mismo pierda credibilidad.
En
conjunto, estas tácticas buscan un objetivo común: desviar el debate público de
los hechos incómodos hacia una discusión sobre procedimientos internos y
personalidades, protegiendo implícitamente a quienes deberían dar explicaciones
sobre el manejo de los recursos públicos.
La Voz de la Disidencia: Defensa del Control
Político
No todos
los concejales cayeron en la trampa de la desviación. La intervención del
concejal Daniel Quintero Espitia representó un contrapunto crucial que buscó
rescatar el debate de fondo y defender la legitimidad del control político.
"Entonces,
si en esa figura de control político no está indagar, investigar, plantear,
formular preguntas desde el respeto... entonces no entiendo yo para qué me hice
elegir", cuestionó Quintero, poniendo el dedo en la llaga de una discusión
fundamental: ¿para qué sirve el Concejo si no puede investigar el destino de
los recursos públicos?
Su
intervención fue más allá de la retórica. Quintero Espitia planteó una pregunta
práctica y directa: "¿para qué carajos creamos comisiones accidentales si
citamos secretarios que no les podemos preguntar?" Esta reflexión
evidencia una comprensión clara de que el control político no es un adorno
institucional, sino una herramienta fundamental para la protección del
patrimonio público.
Esta
postura se diferencia radicalmente de las tácticas de desvío. Mientras otros
concejales buscaban razones para no investigar, Quintero defendía la
responsabilidad institucional de hacerlo. Mientras otros cuestionaban la
legitimidad del procedimiento, él cuestionaba la lógica de renunciar a la
función de control.
El Verdadero Costo de Desviar la Mirada
La sesión
del 11 de julio dejó una lección clara: cuando un cuerpo colegiado prioriza la
defensa corporativa o las lealtades políticas sobre su deber de fiscalización,
el mayor perdedor es la ciudadanía. Mientras el debate se enfrascaba en
tecnicismos y acusaciones personales, las denuncias sobre el manejo de 55,000
millones de pesos quedaron sin una respuesta clara por parte de los
responsables.
¿Qué pasó
con el espiralí que se pagó pero no se construyó? ¿Por qué se aceptaron renders
digitales como evidencia de obra ejecutada? ¿Cuál es la explicación para las
fotografías repetidas en los informes de avance? Estas preguntas, que deberían
haber dominado la sesión, quedaron relegadas a un segundo plano por las
tácticas de distracción.
El costo
de esta estrategia va más allá de los recursos mal manejados. Cuando se
normaliza la evasión de responsabilidades a través de tecnicismos y ataques
personales, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se envía
un mensaje peligroso: que las denuncias sobre corrupción pueden neutralizarse
con suficiente habilidad política.
La sesión
del PAO fue un ejemplo claro de cómo las dinámicas de poder pueden silenciar
denuncias graves. La ciudadanía de Bello debe estar alerta ante estas tácticas
y exigir a sus representantes que prioricen la defensa de los recursos públicos
sobre las lealtades políticas. El control político no es un capricho
procedimental, sino una herramienta fundamental para la protección del
patrimonio colectivo.
Los
millones en juego en el PAO no son números abstractos: son recursos que podrían
destinarse a mejorar la educación, la salud o la infraestructura del municipio.
Cuando se permite que las tácticas de distracción prevalezcan sobre la búsqueda
de la verdad, todos perdemos.
Desde 'La
Fuente', como medio de comunicación independiente y comprometido con el
progreso de Bello, seguiremos investigando y dando voz a estas y otras
inquietudes ciudadanas. Creemos en un periodismo serio y responsable, basado en
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